Las conclusiones solo hablan de observaciones y puntos de mejora y se identificaron planes y medidas de mejora en el período para superar debilidades heredadas
Santo Domingo, República Dominicana.- La investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana al ministerio de Educación, correspondiente al período comprendido entre el 17 de agosto de 2020 y el 3 de agosto de 2022, no encontró irregularidades en la gestión encabezada por el entonces ministro de Educación, Roberto Fulcar; sus conclusiones solo hablan de observaciones y puntos de mejora.
La investigación especial examinó los procesos de contratación, ejecución de pagos, adquisición de bienes y servicios, compras, entradas y salidas de recursos financieros, adquisiciones de equipos tecnológicos, inventarios y nóminas del Ministerio de Educación. Sus resultados adquieren una dimensión particular al considerar las circunstancias extraordinarias en las que se desarrolló la gestión auditada, el momento más complejo que ha enfrentado el sistema educativo dominicano, que coincidió con la pandemia del COVID-19.
Durante ese período fue necesario adoptar decisiones extraordinarias para garantizar la continuidad de los procesos educativos, responder a las nuevas condiciones sanitarias, atender las necesidades de estudiantes, docentes y familias y mantener en funcionamiento uno de los sistemas públicos de mayor dimensión del país, por involucrar a millones de actores directos e indirectos.
El propio informe de la CCRD reconoce que las circunstancias derivadas de la pandemia y las variaciones extraordinarias en los precios de insumos y materias primas afectaron o pudieron afectar determinados procesos administrativos y de ejecución, incluyendo situaciones vinculadas con proyectos de infraestructura educativa.
LAS OBSERVACIONES Y LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
El informe establece recomendaciones dirigidas al fortalecimiento de los procesos del ministerio de Educación, entre ellas mejorar los mecanismos de selección y contratación, fortalecer el resguardo de la documentación, mejorar controles administrativos y de inventario y reforzar distintos procesos institucionales.
Tales observaciones se refieren a situaciones administrativas, documentales, contables, procedimentales o de control interno que requieren corrección o fortalecimiento y que, al ser limitadas a registros y asuntos administrativos y operativos, no constituyen irregularidades.
Para Fulcar, la existencia de recomendaciones de mejora forma parte de la dinámica de una administración pública sometida a fiscalización. “Una auditoría seria permite identificar aquello que debe corregirse, fortalecerse o perfeccionarse. Eso forma parte de la responsabilidad de una buena gestión pública.”, afirma.
Uno de los aspectos relevantes del informe es que establece que la administración auditada presentó documentación sobre diversas medidas adoptadas durante su gestión para enfrentar debilidades preexistentes y fortalecer los sistemas administrativos.
En materia de clasificación contable y presupuestaria, por ejemplo, la exadministración documentó que una situación relacionada con la clasificación de gastos había sido identificada y corregida mediante Acto administrativo de fecha 5 de marzo de 2022, además de haberse gestionado acompañamiento técnico de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), con la cual se firmó un Convenio de Colaboración.
En materia de inventarios, el informe revela que durante la gestión fueron adoptadas medidas dirigidas al fortalecimiento progresivo de los mecanismos de control, organización, validación y actualización de los registros.
