Santo Domingo, RD. – La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, pidió retomar el diálogo tripartito entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores antes de que el proyecto de reforma al Código de Trabajo continúe su trámite en el Congreso Nacional.
Peña Izquierdo consideró que el Consejo Consultivo de Trabajo constituye el espacio adecuado para alcanzar acuerdos sobre los aspectos de la reforma que todavía generan diferencias. “Vamos a sentarnos en la mesa, vamos a ver cómo buscamos un acuerdo”, afirmó durante una entrevista.
Uno de los principales puntos de debate es la cesantía. La dirigente empresarial aclaró que Copardom no plantea eliminar este derecho, sino modificar el mecanismo utilizado para calcularlo, con el propósito de reducir el impacto de los costos laborales y contribuir a la generación de empleos formales.
Entre las alternativas propuestas figura calcular la prestación tomando como referencia el promedio de los salarios recibidos por el trabajador durante su permanencia en la empresa, en lugar de utilizar únicamente el último salario. También planteó estudiar la posibilidad de establecer un seguro de desempleo.
“Nosotros jamás hemos dicho que queremos eliminar la cesantía”, aseguró Peña Izquierdo, quien además propuso que se reconozca fiscalmente una parte del pasivo laboral acumulado por las empresas como una forma de aliviar sus costos.
La presidenta de Copardom citó el modelo de Costa Rica, donde existe un límite de ocho años para el reconocimiento de la cesantía, y sostuvo que República Dominicana debe analizar experiencias internacionales que permitan encontrar un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la creación de empleos formales.
Peña Izquierdo enfatizó que cualquier modificación debe respetar los derechos adquiridos de los trabajadores que ya se encuentran contratados bajo la legislación vigente y aplicarse hacia el futuro.
Costos laborales e informalidad
La empresaria relacionó la discusión sobre la cesantía con los niveles de informalidad laboral del país, que promediaron un 54,1 % durante 2025, de acuerdo con datos del Banco Central.
Asimismo, recordó que una encuesta realizada por Copardom y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a finales de 2023, con más de 1,000 micronegocios, identificó los costos asociados a la actividad empresarial entre los principales obstáculos para la formalización.
En ese sentido, defendió la necesidad de reducir las barreras que dificultan la creación de empleos formales, al considerar que estos permiten a los trabajadores acceder a protección social, servicios de salud y pensiones.
Peña Izquierdo también sostuvo que el debate laboral debe incorporar las nuevas modalidades de trabajo surgidas a raíz de los avances tecnológicos, sin desvincularlas de la discusión sobre los costos laborales.
Finalmente, insistió en que Gobierno, empresarios y trabajadores deben volver a la mesa de negociación antes de que la reforma laboral avance definitivamente en el Congreso, con el objetivo de construir consensos sobre los temas que todavía permanecen pendientes.
