Santo Domingo.– El Gobierno dominicano propone establecer nuevas reglas para organizar el uso del suelo, proteger las áreas agrícolas y los ecosistemas, reducir los riesgos ambientales y orientar la inversión pública hacia las regiones con mayores necesidades, mediante el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT).
La iniciativa, contenida en un proyecto de ley, busca establecer un modelo de desarrollo territorial sostenible que articule las políticas públicas nacionales, regionales y municipales. La propuesta fue conocida y aprobada por el Consejo de Ministros el 17 de septiembre de 2026 y contempla disposiciones para coordinar el crecimiento urbano, las actividades productivas y la conservación de los recursos naturales.
Entre sus principales medidas figura la protección de los suelos de alta capacidad agrícola, la recuperación de terrenos degradados y la regulación de actividades mineras conforme a la legislación vigente y a los instrumentos de ordenamiento territorial. También plantea establecer restricciones de uso cuando sea necesario proteger zonas costeras, humedales, manglares, cuencas hidrográficas y áreas de recarga de agua.
El proyecto identifica seis corredores territoriales estratégicos: el Central, entre Santiago y Santo Domingo; el de la Costa Atlántica, entre Puerto Plata y Samaná; el de la Zona Este, entre San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo e Higüey; el de la región Ozama y su entorno, que comprende Ozama-Valdesia-Higuamo; los corredores transfronterizos y el corredor Atlántico-Caribe.
La propuesta también establece que la inversión pública deberá guardar coherencia con las prioridades territoriales definidas en el plan. En principio, no podrán aprobarse proyectos que no demuestren esa alineación, salvo excepciones justificadas por razones estratégicas, de emergencia o de interés nacional.
En materia ambiental y de seguridad, contempla identificar las zonas expuestas a amenazas naturales, fortalecer los sistemas de alerta temprana y promover la reubicación progresiva de asentamientos situados en áreas de riesgo no mitigable, con garantías jurídicas y sociales para las comunidades afectadas.
El Ministerio de la Presidencia asumiría la coordinación de la implementación del plan, en su condición de órgano rector del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Además, se propone crear un Consejo Consultivo con participación del Gobierno central, los gobiernos locales, el sector privado, la academia y la sociedad civil.
El proyecto dispone que el Poder Ejecutivo apruebe, mediante decreto, un Plan de Implementación dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley. Este instrumento deberá establecer las fases de ejecución, las responsabilidades institucionales, las inversiones previstas y los mecanismos de seguimiento y evaluación.
La iniciativa busca reducir las desigualdades entre regiones, mejorar el acceso a servicios e infraestructuras, fortalecer la conectividad y orientar el crecimiento económico de acuerdo con las características y capacidades de cada territorio.
