Durante el proceso, la titular de la Pepca presentó al tribunal el depósito de solicitud de medida de coerción a la doctora Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades en horas de la mañana del lunes.
El juez Rigoberto Sena aplazó la audiencia para el miércoles, 23 de septiembre de 2026, a las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público solicitó la declaratoria de caso complejo y que se imponga la prisión preventiva por 18 meses contra Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
También, contra la médico gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Igualmente, para los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los fiscales solicitan que se declare la complejidad del caso conforme a lo establecido en la norma procesal vigente, por existir pluralidad de hechos, de víctimas y posibles implicados, tratándose de delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.
La audiencia, por cuestiones de espacio, fue celebrada en el salón del Primer Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Proceso penal contra el entramado de corrupción
En la primera etapa, el Ministerio Público arrestó el pasado año con la Operación Cobra a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción. También a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con la judicialización de los imputados el Ministerio Público procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraído al Estado dominicano.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, y programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Como parte de las líneas de investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público también puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14 que llevó al arresto de tres personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
Por el caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez arresto domiciliario.
