SANTO DOMINGO. – El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional iniciará este martes, a las 9:00 de la mañana, el juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), acusados por el Ministerio Público de presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La apertura del juicio representa una etapa decisiva del proceso, en la que la acusación y las defensas deberán presentar y debatir las pruebas admitidas, además de escuchar testimonios y exponer sus argumentos ante los jueces. El objetivo será determinar si las imputaciones formuladas por el Ministerio Público logran ser demostradas conforme a las exigencias de la legislación penal.
Beras y Gómez fueron enviados a juicio de fondo el pasado 5 de junio por la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien consideró que existían elementos suficientes para que un tribunal colegiado conociera la acusación. Según el expediente, las presuntas irregularidades estarían relacionadas con un contrato valorado en más de RD$1,300 millones para modernizar la red de semáforos administrada por el Intrant.
El Ministerio Público señala a Jochi Gómez como una figura central en las operaciones relacionadas con Transcore Latam, empresa contratada para ejecutar el proyecto. A los imputados les atribuye delitos como coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad y delitos de alta tecnología, entre otras infracciones.
La acusación también sostiene que, después de la suspensión del contrato con Transcore Latam, se habrían producido acciones que afectaron el funcionamiento de determinados semáforos del Gran Santo Domingo. En el expediente figuran, además, otros exfuncionarios y particulares, así como varias sociedades comerciales vinculadas al proceso.
La investigación tomó fuerza en octubre de 2024, cuando el Ministerio Público arrestó a varios de los principales imputados. Posteriormente, en noviembre de ese año, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional modificó las medidas de coerción. Beras pasó a una garantía económica de RD$5 millones, presentación periódica e impedimento de salida, mientras que a Gómez se le impuso una garantía de RD$2 millones, además de las otras medidas.
Tras meses de investigación e incidentes procesales, el Ministerio Público depositó formalmente la acusación en octubre de 2025. La audiencia preliminar comenzó en marzo de 2026 y culminó con la decisión de la jueza Yanibet Rivas de dictar auto de apertura a juicio el pasado 5 de junio.
Durante esa etapa, la magistrada excluyó las imputaciones de terrorismo y contrabando, aunque mantuvo las demás infracciones planteadas por el órgano acusador. La defensa de Hugo Beras ha insistido en que el envío a juicio no constituye una declaración de culpabilidad y que su cliente mantiene intacta la presunción de inocencia.
Ahora, el Tercer Tribunal Colegiado deberá conocer las pruebas y argumentos de las partes para determinar, al término del proceso, si las acusaciones quedaron demostradas o si corresponde una sentencia absolutoria. El caso se mantiene entre los principales procesos por presunta corrupción administrativa vinculados a una institución pública, debido al monto del contrato investigado y a las alegadas irregularidades relacionadas con la red semafórica del Gran Santo Domingo.
